Esta figura jurídica conlleva la posibilidad de hacer valer una pretensión ante la autoridad a la que se acude para solicitar el cumplimiento de algún derecho. En forma más clara, debe entenderse como el derecho o la posibilidad que se tiene de pedir la aplicación de alguna pena o un castigo restrictivo de la libertad de alguien que presuntivamente hubieses violentado su esfera jurídica.
Así pues, la acción penal debe entenderse como la posibilidad que tienen todos los ciudadanos de ejercer un derecho ante la autoridad ministerial o jurisdiccional por la eventual comisión de un hecho considerado como delito por la Ley punitiva. Para este propósito, es muy importante resaltar que cualquier denuncia o querella planteada ante el Ministerio Público, es lo que formalmente inicia una investigación penal y, con ello, la acción por parte de quien da noticia de la presunta comisión de un acto delictivo, mismo que la representación social está obligada a indagar. Por su propia naturaleza, cuando el delito sólo daña bienes jurídicos de alguien en particular, se requiere la presentación de la formal querella para iniciar la investigación penal y ejercer la acción desde su instancia privada. Sin embargo, existen otros tipos de ilícitos en los cuales la investigación penal inicia a instancia directa y bajo las facultades del propio Estado, ya que está investido de atribuciones para ejercer la acción penal de manera oficiosa, debido quizá a la gravedad de los hechos y a los derechos afectados, convirtiéndola así en una acción pública, este es el caso de los homicidios, desapariciones forzadas, delitos contra la salud, portación de armas de fuego, entre otros.
Una vez agotadas las investigaciones, en caso de existir elementos que hagan probable la responsabilidad penal de la persona que haya sido acusada, el Ministerio Público tiene la encomienda de ejercitar la acción penal ante el órgano jurisdiccional competente. Esto en términos de lo previsto por los artículo 21 y 102 de la Constitución Política Federal.
Queda claro entonces que la acción penal debe considerarse como el punto de partida del proceso judicial penal, toda vez que a través de ella es que se puede conseguir la imposición de una pena y el castigo que conforme a la ley le corresponda al sujeto activo que haya sido autor de algún delito.
Entonces, puede ser ejercida tanto por el Estado como por los particulares según el ámbito de la afectación de la conducta delictiva, convirtiéndose así en una manifestación de poder de parte del Estado y en un ejercicio del derecho a la defensa de los ciudadanos que han sido víctimas de la comisión de delitos, con lo cual se pretende el restablecimiento de la paz y la seguridad pública de la sociedad.
Por otra parte, la legislación también establece cuáles son las causales de extinción de la acción penal, como pueden ser la muerte del imputado o condenado, a amnistía, el perdón otorgado por la parte ofendida y la actualización de la figura de la prescripción de los delitos.
Nos leemos la próxima semana amigos