Por Daniel Lee
¿Alguna vez ha escuchado sobre el Derecho al Olvido? Esto le puede interesar estimado lector.
La cancelación de datos digitales a reclamo de alguien que es el titular de ellos, y que por alguna razón éste se considera afectado porque persisten en una plataforma o sitio de internet, y para colmo cualquiera los puede consultar.
Desear colocarte en un empleo, esto te puede pegar… y muy duro. Te afecta, te señalan, critican y hasta te cierran las puertas sin más ni más.
Son los tiempos de las redes sociales. Fake news, memes, información inexacta, obsoleta o ilegal, que llega incluso a la difamación, podrían ser susceptibles de sanción en México, pero en la vida real no es así.
Todo ello, se plantea en la iniciativa de Ley para la Cancelación de Datos Personales en plataformas digitales, presentada en el Senado de la República, pero que a la fecha no se ha discutido ni siquiera suficientemente para hacerlo una realidad.
Aunque el tema Derecho al Olvido puede generar una especie de expectativa mayor, lo cierto es que muchos ciudadanos son afectados por situaciones que ocurren en el internet y hoy las redes sociales son mundo de nadie; cualquiera puede hacer algún blog y subir al internet alguna información donde te difamen dónde te pongan con una personalidad que no eres tú y qué afecta tu dignidad.
De acuerdo con la Ley Federal de Protección de Datos Personales, resultarían impactados positivamente particulares con esta reforma, y con ello las facultades del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección (INAI).
Sin embargo, su alcance restringe la obligación de su cumplimiento solo en territorio nacional porque los servidores internacionales tienen sus servidores ubicados fuera de México, aunque tengan aquí oficinas, aunque tengan aquí una gama de servicios, pues son instituciones mundiales, son transnacionales, son internacionales.
Ello implica que el INAI podría hacer solo un acompañamiento en estos casos. En México existe un precedente de litigio en contra de un gigante tecnológico… Google.
Cuántas veces estimado lector, uno quisiera prácticamente detener el tiempo, corregir, echar para atrás, o definitivamente borrar alguna parte del pasado y hasta del presente porque hicimos una publicación que no debía, porque utilizaron nuestros datos indebidamente y esto de una u otra forma puede potencialmente destruir nuestra reputación...
En México muy poco se habla de esto. De esto que algunos conocemos también como el Derecho a la Cancelación, o como lo estamos comentando, el Derecho al Olvido, que no es otra cosa, que la facultad que uno tiene como ciudadano a solicitar que se suprima algún tipo de información que ya es del dominio público y está en los motores de búsqueda de Internet, ya sea en blog, en un Twitter, o en otra red social como el Facebook.
En esta espiral de información, se involucran datos personales, como tu nombre, tu teléfono, y hasta tu propio domicilio o cualquier otro dato que pueda hacerte vulnerable hacia los demás.
Hasta nuestros días en México no existe legislación como tal, acerca del Derecho al Olvido. Es hasta hoy una asignatura pendiente que quedó en la cancha legislativa, pero hoy todavía no avanza, pero de que urge, eso es un hecho.
Sin embargo, hay entidades encargadas de proteger nuestros datos personales como el INAI. Está la Ley Federal de Protección de Datos Personales.
Pero debemos dimensionar el tema en todas sus aristas, máxime cuando para nosotros están en juego datos sensibles, y estos conllevan hacia algún riesgo.
Alguna vez encontramos en el Facebook casos de alguna persona que publica algo íntimo. Jurídicamente puede solicitar su derecho a la cancelación, y debe hacerlo por la vía judicial.
Pero esa información podría estar almacenada en servidores fuera del país, ahí por ejemplo por jurisdicción no se puede obligar a nadie a borrar los datos personales.
Hacia noviembre del año 2019, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, discutió por primera vez el tema de Derecho al Olvido.
En aquel entonces conoció del caso de un juicio civil entre Google y un empresario que en 2010 fue señalado por el Departamento del Tesoro estadounidense por supuestamente manejar en México algunas propiedades del narcotraficante colombiano Pedro Antonio Bermúdez Suaza alias “El Arquitecto”.
Tras casi 2 años de juicios en cortes americanas, logró finalmente que su nombre quedará borrado de entre los supuestos implicados, pero para ello el quejoso tuvo que escalar su petición hasta Google. Nunca le fue fácil todo este proceso.
¿Resulta apremiante que el tema pudiera en algún momento subirse a la agenda legislativa, no cree usted? Hasta la próxima…
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