NOTA
Redacción ANCOP
El año 2021 fue un punto de inflexión para mucha gente debido a los temas de salud, economía y seguridad.
Quizá por esa razón, al informar los resultados de la supervisión concluida el año anterior, en materia de transparencia financiera, de once instituciones de seguros respecto del producto seguro de vida individual (temporal), la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) da a conocer que las primas emitidas representaron 252 mil 710 millones de pesos, lo que significa 39.3% del total del mercado de seguros.
En un comunicado oficial, Condusef agrega que las once instituciones supervisadas representan, a su vez, 51.6% del total del ramo vida, según reportes de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF),
La institución señaló que el proceso de supervisión se desarrolló en dos etapas: La primera trató sobre el análisis de los documentos contractuales e información que utilizan las instituciones de seguros con los usuarios, verificando el cumplimiento de la normatividad aplicable, y requirieron expedientes de clientes con carátula de póliza, solicitud, condiciones generales, endosos, recibo de pago de primas o facturas y folletos de derechos del asegurado.
También se realizó revisiones a la página de Internet y publicidad, para ver consistencia y evitar confusiones.
Las empresas que mostraron irregularidades de acuerdo con el análisis deberán aclarar o solventar dichas irregularidades ante la Condusef.
Por otra parte, la segunda etapa consiste en la verificación de Condusef de si las instituciones de seguros aclararon las irregularidades reportadas o llevaron a cabo los
cambios ordenados; la Comisión analiza la documentación enviada por las instituciones y determina si se dejan sin efecto las observaciones o subsisten las irregularidades.
De acuerdo con los resultados de las dos etapas de revisión, según afirma la Condusef, el promedio de las evaluaciones pasó de 5.5 a 9.3, lo cual significa información transparente y de calidad para el usuario al momento de contratar el producto financiero, pero no exime a las instituciones de ser sujetas a las sanciones correspondientes y, en su caso, realizar los ajustes señalados de acuerdo a la normatividad.