Muchas autoridades ordenan como un requisito que las personas que aspiran a ingresar a laborar a la administración pública, no hayan sido privados de su libertad sancionados mediante sentencia firme por la comisión plenamente comprobada de algún delito. También se puede decir que son una medida que el juez penal de manera fundada y motivada ordena se recabe de las autoridades administrativas o penitenciarias, con la finalidad de obtener elementos o datos delictivos anteriores a la conducta típica de quienes se encuentran sujetos a un nuevo proceso, para que en el supuesto de que se llegare a dictar sentencia condenatoria, se cuente con la información precisa en términos de una posible reincidencia del sentenciado y estar en condiciones de poder individualizar la pena que a su juicio corresponda, además de evitar se juzgue dos veces al sentenciado por los mismos hechos, aunado a que una vez que cause ejecutoria la aludida sentencia condenatoria se ordenará formar dicho antecedente penal y así la identificación del sentenciado como punto de referencia previo al registro de éste, los cuales incluyen el tipo de delito previamente cometido, la sanción dictada, los datos generales, de media filiación, a veces se asienta registro de si el delito se cometió de manera dolosa o culposa y el modus operandi llevado a cabo en su consumación.
Así pues, la identificación y registro de personas es un procedimiento a través del cual se recaban y organizan sistemáticamente aquellos caracteres propios de un individuo, que lo hacen perfectamente identificable y lo distinguen de entre las demás personas que tengan antecedentes por una sentencia firme que se hubiere dictado en su contra con anterioridad. Desde hace muchos años, desde hace más de dos siglos en Europa históricamente han existido diversos mecanismos para llevar a cabo la identificación criminal y el registro de antecedentes penales, donde se concentraba la documentación necesaria para la identificación de personas, aunque también habrá que mencionar que en quellos tiempos también se ejercieron métodos que hoy en día resultarían totalmente violatorios de los derechos humanos, como lo fueron algunos rudimentarios métodos de identificación criminal como la marca de fuego o la mutilación. Estas medidas también tuvieron su auge en nuestro país hasta mediados del siglo antepasado. No sino hasta que se efectuó la codificación de la legislación penal y procesal penal, que se impuso la obligación judicial de la identificación y registro de las personas responsables de la comisión de delitos, mismas que fueron modificándose al paso de los años hasta formar el Sistema de Identificación Dactiloscópico creado hace algunas décadas. La ciencia ha hecho aportes muy significativos en este campo, ya que la técnica e identificación a través de la tipificación o caracterización del ADN, son los métodos de mayor confiabilidad en la actualidad. Queda claro pues, que de la gran importancia del registro de antecedentes penales, surge la necesidad de crear el Registro Nacional de Reincidencia y Habitualidad, ya que anteriormente no existía control alguno sobre esta información que impedían hacer efectivas las medidas que se deben imponer a los reincidentes delictivos.
Nos leemos la próxima semana amigos.