Gustavo Lomelin C.
El 27 de junio se fijará la condena contra Genaro García Luna, quien fue declarado culpable de los 5 cargos y vinculado con el crimen organizado y el Cártel de Sinaloa. El veredicto de los jueces en Brooklyn es un golpe contra la corrupción sistémica en México, que pone en duda la honestidad de la administración del expresidente Felipe Calderón.
El 9 de mayo de 2007, el general en retiro Tomás Angeles Dauahare advirtió al entonces presidente Calderón de los vínculos de García Luna con el narcotráfico. El militar sostiene hoy que “el gobierno de Calderón sí pactó con el crimen organizado y una prueba es la orden que dio el entonces secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, al general Mario Arturo Acosta Chaparro para reunirse en 2008 con los principales capos de la droga”.
Incluso Anabell Hernández, autora del libro “Los Señores del Narco”, fue de las primeras en denunciar la protección de García Luna al Cártel de Sinaloa y de los Beltrán Leyva a cambio de sobornos millonarios y una fortuna inexplicable calculada en más de 700 millones de dólares.
También hay evidencias de altos mandos militares y exgobernadores que alertaron al entonces presidente Calderón de la relación de su secretario de Seguridad Pública con los grandes capos de la mafia.
Hoy, después del juicio ya no se puede ocultar la culpabilidad de García Luna. Calderón es cómplice por omisión o por acción: “haiga sido como haiga sido”.
El Estado mexicano interpuso ya ante una Corte de Florida una demanda para recuperar los activos que García Luna robó a la nación. Al mismo tiempo, la semana pasada la Fiscalía General de la República liberó órdenes de aprehensión contra funcionarios y personajes vinculados a empresas y negocios con García Luna.
En la Unión Americana utilizarán las confesiones y negociaciones con García Luna para presionar al gobierno mexicano. La declaratoria de culpabilidad, le abrió la puerta al Departamento de Estado y al gobierno de EE. UU. para intervenir en el proceso de sucesión presidencial y usar el tema del fentanilo y otras acciones en sus negociaciones.
Más allá de la guerra sucia, de enjuiciamientos o linchamientos públicos o de las naturales rajas políticas electorales; es hora de revisar la situación en México y evitar que sigamos en la ruta de un narcoestado, para lograr cero tolerancia ante la corrupción. Un reto enorme que tenemos por delante.