Redacción Mayte Mendoza Cerón ANCOP
Con la iniciativa de la Ley general en materia de humanidades, ciencia, tecnología e innovación al Congreso se provoca la eliminación de la autonomía de los centros públicos de investigación.
Era muy esperada la llegada de esta iniciativa, que finalmente se dio en los últimos días del pasado periodo de sesiones.
Su discusión concentrará los reflectores como una batalla profunda que el Gobierno Federal plantea en la reconversión de múltiples rubros de la vida nacional.
La cual concentra mayores elementos ideológicos que cualquier otra que hasta ahora se haya desplegado en el terreno parlamentario, es la confrontación de una visión de país contra otra, que reúne que reúne en artículos de una ley, el choque de dos maneras en la que se entiende la ciencia.
Esta reforma supera a las que se han planteado en términos de militarización, organización de elecciones o soberanía energética.
Elena Álvarez-Buylla actual directora del Conacyt menciona que “existe una evidencia incuestionable de que la forma en la que se estaba organizando el quehacer científico, la asignación de recursos, la no coordinación de una agenda, y un gasto gigantesco cada vez mayor, propició una falta de eficiencia y un debilitamiento de los medios de producción nacionales”.
Lo que se plasma en el proyecto de la nueva ley es por demás temerario y supone un cambio radical del modelo construido a lo largo de varias décadas. En esta ocasión no solo se contará con la participación en el otro bando de los particulares, privados u antagonistas de siempre, en este caso el bloque se forma también por los investigadores y centros educativos y de investigación, que pertenecen al sector público, y miran la promoción de la nueva ley como una claudicación a la posibilidad de generar en el país ciencia y tecnología de más alto nivel competitivo.