En 2012 se modificó el Artículo 4o. constitucional para incluir al agua y al saneamiento como un derecho humano. “Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible.
El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines”.
En esa época se estableció un plazo de 12 meses para promulgar la Ley General de Aguas, que regularía este artículo de la Constitución. A partir de entonces había habido al menos dos intentos para promulgarla;la más famosa fue la llamada Ley Korenfeld, duramente atacada con el argumento (falso) de que promovía la privatización del agua.
Hoy existen al menos tres proyectos visibles. Uno de la Comisión de Recursos Hidráulicos, otro de la Coordinación de Medio Ambiente del Grupo Parlamentario de Morena, y uno más de la Coordinadora Nacional Agua para Todos.
Este último ha sido retomado en gran parte por el primero y el segundo parece haberse subordinado al primero. Sin embargo, se sabe de otro excelente esfuerzo que desarrolla el Consejo Consultivo del Agua, y ayer escuché a la directora general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) decir que el Proyecto del Ejecutivo estará listo en 2021. Son muchos proyectos con demasiados enfoques.
México vive hoy un riesgo creciente en materia de seguridad hídrica a causa de varios factores:
La población que demanda agua es superior a los 120 millones de habitantes y sigue en aumento.
Las precipitaciones manifiestan una significativa disminución y una mucho mayor variabilidad en su ocurrencia. Llueve torrencialmenta; tormentas intensas en pocas horas.
La precipitación promedio es de 740 mm (litros por metro cuadrado de superficie al año), sin embargo, su desigual distribución espacial y temporal representa uno de los mayores retos.
La concentración de la población en cuencas donde tenemos la menor disponibilidad ha provocado que 8 de las 13 regiones del país tengan un estrés hídrico alto, que pone en riesgo su capacidad de crecimiento y su desarrollo sostenible. El Valle de México es un caso atípico y extremo a nivel mundial.
La sobrexplotación de acuíferos se quintuplicó en 50 años.
La contaminación de nuestros cuerpos de agua sigue en aumento. Ríos, lagos y acuíferos contaminados son evidentes a lo largo y ancho del país.
El Derecho Humano al Agua hoy se ve seriamente amenazado ante la creciente escasez de agua, la mayor contaminación y la imparable demanda.
La seguridad alimentaria también sufre una elevada vulnerabilidad, que se agrava con los efectos del cambio climático, por la alteración de las precipitaciones y por la degradación de la calidad del agua en las fuentes.
Enfrentar estos retos requiere de una política pública de gran visión y largo alcance. Esa política debe traducirse en una ley. Pero no, eso no ocurre hoy.