Mtro. Antonio Horacio Gamboa Chabban
La negociación del Presupuesto de Egresos de la Federación se ha convertido en moneda de cambio para obtener privilegios. Esto no es nuevo, ha sucedido desde hace muchos años y lo que acontece ahora es consecuencia de una falta de programación, de planeación, en suma, de responsabilidad.
Así es, resulta irresponsable operar políticamente lo que debiera ser estrictamente técnico. Un análisis técnico responsable de lo que requiere una dependencia, un organismo autónomo, un municipio, una Entidad Federativa o cualquier ente que reciba recursos públicos, debiera ser la piedra angular a partir de la cual se diseñe un ejercicio responsable para que la Federación realice una distribución adecuada de cada peso que ingresa a sus arcas.
Por otra parte, las ocurrencias presupuestales o dicho de otra forma, los proyectos insignia de un gobernante, deben cumplir todos los requisitos que marca la Ley para que sean sometidos a un análisis minucioso del costo beneficio de dichos proyectos y estar en posibilidad de priorizar el gasto, para evitar que se derroche el dinero público a voluntad del gobernante en turno.
Esto último, no ha sucedido tratándose de los proyectos u ocurrencias del presidente de la República. Se han incumplido diversas disposiciones por ejemplo las relativas al impacto ambiental y esto pone en riesgo una buena administración de los recursos financieros y humanos que se han destinado a proyectos que no se encuentran alineados al desarrollo del país.
Lo más delicado en materia de presupuesto de Egresos de la Federación, radica en la voluntad del presidente de la República para “otorgar” recursos presupuestales a su leal saber y entender, como el caso del Anteproyecto que el Instituto Nacional Electoral aprueba en el seno de su máximo órgano de dirección, el Consejo General, anteproyecto realizado con minuciosidad por cientos de hombres y mujeres que participan al interior de la Institución, al amparo de criterios de austeridad y racionalidad, que le permiten a dicho Instituto cumplir con sus atribuciones constitucionales y legales en materia de elecciones. Sin embargo, no sólo el INE realiza elecciones, hay otras responsabilidades que en su momento el Constituyente Permanente le confirió y que lo obligan a mantener una estructura profesional a lo largo y ancho de todo el país, en cada Entidad Federativa y que no depende del humor del presidente de la República su cumplimiento.
A diferencia de las ocurrencias mañaneras en materia de seguridad, en materia educativa o inclusive en materia de salud, las autoridades electorales mantienen una estrecha relación con el cumplimiento de sus obligaciones y no tiene que ver con la persona que represente al INE, se trata de miles de mujeres y hombres que realizan en diferentes momentos y etapas actividades que determina la Constitución Federal y las Leyes de la materia que hacen posible entre decenas de temas y por mencionar algunos:
Que cada ciudadana y ciudadano tenga una credencial para votar con fotografía con las medidas de seguridad que los propios partidos políticos han acordado en el seno de los órganos competentes del INE;
También se trata del almacenamiento técnico de los datos de la ciudadanía, pasando por su fotografía, su firma, su domicilio, en fin, almacenar casi 100 millones de registros con diferentes datos e información, se dice fácil, pero cuesta mucho dinero, por los procesos técnicos de seguridad y almacenaje que se requieren para ello.
Recibir de los partidos políticos y autoridades electorales materiales de radio y televisión para ordenar su transmisión en más de dos mil emisoras de radio y canales de televisión y monitorear el cumplimiento o no de dichos “spots” constituye una tarea técnica que lejana de la organización estricta de un proceso electoral, se le confirió al entonces IFE con motivo de la Reforma Constitucional y Legal de 2007 y 2008 respectivamente y se mantuvo en las atribuciones del INE posterior a 2014.
Capacitar ciudadanía para la elección más grande de la historia de este país, donde se deberán instalar más de 170,000 casillas, distribuir materiales de capacitación;
Adicionalmente registrar en tiempo y forma candidaturas de todo el país;
Ordenar la impresión de boletas electorales que sean suficientes para que toda la ciudadanía esté en aptitud legal de ejercer su voto.
Se escribe fácil, pero bajo ninguna circunstancia se debe permitir que, en un país democrático, el presidente de la República decida si quita un peso o diez mil millones de pesos por considerar desde su óptica que se trata de mucho dinero, ¿a partir de qué consideraciones técnicas lo determinó?
Ya la presidenta del Consejo General del INE, Guadalupe Taddei y otras consejeras y consejeros como Carla Humphrey realizaron los comentarios acordes a la necesidad de ejercer plenamente el cúmulo de atribuciones con que cuenta la autoridad electoral y evitar con una disminución autoritaria que se ponga en riesgo, algún tramo de responsabilidad del INE frente a la elección del 2024.
Negociar el presupuesto en lo político, debe desterrarse de nuestro país, para que la razón impere por encima de las ocurrencias matutinas.