Durante 30 años, la autoridad electoral administrativa en el ámbito federal ha ido sumando elecciones, pero también atribuciones, primero como Instituto Federal Electoral (IFE) y a partir de 2014, como Instituto Nacional Electoral (INE).
El cúmulo de atribuciones que no son pocas, han originado la necesidad de ir sumando mas presupuesto, a manera de ejemplo, es la cantidad de personal a nivel central, así como en las Juntas Locales del organismo, que hay una en cada entidad, así como en las Juntas Distritales de las cuales hay una por cada Distrito Electoral Federal. De igual manera, han generado inclusive la necesidad de adquirir infraestructura tecnológica, actualizaciones, compra de equipamiento, renta de inmuebles por efectos del trabajo administrativo que se desarrolla no tan solo para el día de las elecciones federales que representa una fecha cada 3 años, sino en años donde no hay elecciones federales.
La Constitución y la Ley asignan tareas en el año previo al de la elección federal, por supuesto en el año de la elección federal pero no se quedan las actividades hasta el día de la jornada electoral, sino que continúa en los días subsecuentes y en el año siguiente al de la elección federal.
Muchas ocasiones algunas personas me han preguntado qué hace el INE, cuando no hay elecciones y la respuesta de manera invariable, ha sido que la normatividad obliga a realizar al INE una cantidad de actividades tendientes a consolidar la confianza en el órgano electoral, que los propios partidos políticos y finalmente los legisladores han ido determinado.
Cada elección federal que se ha desarrollado cada tres años para cargos de Diputado Federal y cada seis años de manera adicional para presidente, así como Senadores de la República, los partidos políticos que, por cierto, forman parte del INE, en algunas ocasiones con mucha molestia por haber perdido en las urnas o en los tribunales, han incrementado atribuciones, generado nuevos retos para la autoridad electoral, dejando por más de 10 años, la fórmula actual de financiamiento público a partidos políticos, en una zona de confort para ellos, financiamiento respecto del cual hasta el momento, no conozco a algún ciudadano que esté de acuerdo en que siga sucediendo así, salvos los muy pocos que viven de ese financiamiento público.
Dentro del INE, la voz de los partidos políticos y de las fuerzas políticas en el Congreso de la Unión, se escucha en la mesa del Consejo General, sin embargo, no levantan la mano para adoptar decisiones, eso lo hacen los Consejeros Electorales que son elegidos por la Cámara de Diputados con una mayoría calificada.
En las Comisiones del Consejo General que sirven como un filtro técnico-político para revisar, integrar, preparar y plantear asuntos ya depurados ante el Consejo General, participan de igual manera los partidos políticos, con voz, pero sin voto, son los Consejeros Electorales exceptuando al Consejero Presidente y las áreas operativas las que generan la documentación legal así como la preparación de los aspectos técnicos que coordinan en todo lo ancho y largo del país, dependiendo el área que corresponda, entre otras áreas, las de capacitación, organización, registro federal de electores, verificación de transmisión de mensajes de los partidos políticos y autoridades electorales por parte de los medios de comunicación en todo el país (radio y televisión), entre otros.
Uno de los ejemplos en los que por excepción no participan los partidos políticos en esa integración, revisión y depuración de temas, es la Comisión de Fiscalización de los Partidos Políticos y ahí no participan, precisamente para favorecer que los criterios que adopte la autoridad para sancionarlos derivado de las irregularidades en la revisión del origen y destino de los recursos que realiza la Unidad Técnica de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, no sea objeto de conocimiento previo a la distribución que se hace de dictámenes y proyectos de resolución ante el Consejo General y en consecuencia, la determinación de una sanción se realice bajo criterios estrictamente técnicos que no políticos.
Lo deseable es que los partidos políticos no voten en la mesa del Consejo General y de ahí que sean los Consejeros Electorales quienes además de su más alto compromiso con el país, están obligados a respetar la Constitución Política y leyes que derivan de ella y realizan un juramento al tomar protesta del cargo, para conducirse conforme a los principios rectores que a nivel constitucional tiene el Instituto como mandato de esa función estatal, que son la certeza, la legalidad, la independencia, la imparcialidad, la máxima publicidad y la objetividad.
Si los partidos políticos votaran, entre otros efectos, el innegable es que no serían imparciales en sus decisiones, porque tendrían la necesidad de sancionar a los otros partidos y no sancionarse a si mismos.
Lo que resulta indispensable anotar, es que la propia legislación contempla los requisitos para ser consejero Presidente, así como consejero electoral y será el Pleno de la Cámara de Diputados, la que debe decidir por mayoría calificada, de entre las listas que envíe el Comité Técnico, quienes cumplen en mejores condiciones los requisitos por probada capacidad y experiencia, por supuesto intentando alcanzar el mayor consenso posible en beneficio de las fuerzas políticas.
Es importante señalar también que la experiencia en temas electorales, se adquiere de dos maneras: trabajando en un órgano electoral, sea administrativo o jurisdiccional o bien, por supuesto al lado de los partidos políticos y candidatos, a manera de ejemplo, no hay manera de adquirir experiencia en temas del gasto que se realiza en las campañas políticas, sino es al lado de uno o varios partidos políticos, por supuesto, con las restricciones que señala la ley para efectos de su designación, es deseable que un ciudadano electo como consejero electoral, en su momento haya conocido de cerca el trabajo de un partido político, no a partir de la literatura que aunque ayuda, no es determinante.
Afirmar lo contrario, se simboliza en una analogía que sería como acudir a un hospital y someterse a una cirugía con un médico que no ha practicado en un hospital, valga la burda comparación.
Por otro lado, es de destacar que el día de la jornada electoral, los consejeros electorales y el consejero Presidente, acuden a una casilla a ejercer su derecho a votar, lo cual no constituye una violación al principio rector de imparcialidad, porque ese voto lo ejercen como ciudadanos y no como autoridades electorales.
La polémica que se ha desatado de manera generalizada en torno al procedimiento de designación y la “defensa del INE”, por supuesto constituye una preocupación que un sector de la ciudadanía ha expresado, en todo su derecho a manifestar sus ideas libremente, preocupación válida considerando el ambiente de confrontación y descalificación del trabajo de las autoridades electorales que se ha realizado y diariamente se realiza desde algunas tribunas a manera de campaña política, sin embargo, la mejor defensa de la autoridad electoral, la han realizado las propias autoridades que están en el cargo derivado de un proceso electivo, dado que no conozco un solo caso de algún candidato que haya sido objeto de elección popular resultado del voto en las urnas en el pasado proceso electoral de 2018, que se haya negado a asumir el cargo para el que fue electo, por considerar que la autoridad electoral se hubiera comportado -en su opinión- de manera fraudulenta o tendenciosa con el resultado o inclusive llegar al extremo de argumentar que el voto fue masivo a favor de algún candidato en particular, lo que genera un posicionamiento público que daña, que poco construye y que por el contrario sugiere que la autoridad electoral esté en condición de engañar a miles de ciudadanos que participan desinteresadamente en una elección como funcionarios de casilla y a la ciudadanía que emite su voto libremente, engaño que en el extremo caso que se concretara, en todo caso, también los partidos políticos tendrían complicidad porque como lo he dicho y es, los partidos políticos forman parte de los órganos electorales.
Todas las autoridades que asumieron el cargo, presidente de la República, Senadores de la República, Diputados Federales, así como el gran número de autoridades que a nivel estatal fueron votados por ejemplo en 2018, Gobernadores, diputados locales y presidentes municipales, de todos los partidos políticos por igual, hoy día se encuentran en su responsabilidad sin haber objetado el resultado, ni el procedimiento, lo cual constituye la mejor defensa del INE, aunque algunos de manera por demás contradictoria insistan en una idea de “fraude electoral”.
Lo que la ciudadanía tenemos que exigir, es que esos servidores públicos y por supuesto incluidos los Consejeros Electorales, ejerzan su cargo, cualquiera que sea este y lo hagan con apego a la Constitución, a la Ley, con capacidad y experiencia, y que aquellos que comprometieron temas en su campaña, cumplan, además de cumplir de manera irrenunciable con la ley. Ahí está nuestro derecho como ciudadanos.
Quienes son actualmente autoridades que asumieron el cargo con motivo de las elecciones federales o estatales, reconocieron con honorabilidad su victoria porque el INE, es una autoridad que cumple con el Estado Mexicano no con los políticos, lo que les corresponde a los políticos es cumplir con la ciudadanía, porque además en todo caso, hay instancias jurisdiccionales para hacer valer los reclamos si consideran vulnerada la Constitución y la Ley, lo demás es politiquería o simplemente “grilla”.