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INE y SCJN

Gustavo Lomelín C.



Hoy el Instituto Nacional Electoral (INE) es garante de la democracia en México. Sin duda, es un ente autónomo perfectible en la organización de elecciones, pues se puede mejorar, fortalecer y sobre todo eficientar para reducir sus elevados costos y su estructura burocrática.


Sin embargo, el “timing” para perfeccionar al INE debe cuidarse para evitar poner en riesgo la certeza de las elecciones presidenciales del 2024 (donde se decidirán la Presidencia de la República, el Congreso de la Unión -128 senadores y 500 diputados federales-, 8 gubernaturas, al jefe de gobierno de la CDMX, 30 Congresos Estatales y 1596 alcaldías), cuyo proceso legal inicia en septiembre próximo.


En febrero, con el inicio del nuevo período ordinario de sesiones del Congreso, seguirá el trámite de la reforma electoral a leyes secundarias atorado en diciembre pasado. El llamado “Plan B” llevará a controversias en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).


Según el propio INE, el “Plan B” de la reforma electoral provocará el despido de 6 mil funcionarios de base, afectará su sistema de fiscalización de gastos de campaña en tiempo real e impactará la instalación de las casillas y, con ello, se lesionará el ejercicio del derecho al voto ciudadano y la certeza del proceso electoral.


La SCJN tendrá hasta el 31 de mayo para pronunciarse sobre las acciones de inconstitucionalidad promovidas por el PAN, PRI, PRD, INE u otras organizaciones políticas y ciudadanas para impugnar el “Plan B” de la reforma electoral del Presidente Andrés Manuel López Obrador, aprobado por los legisladores de Morena y sus partidos políticos aliados. Esta será la primera prueba de la SCJN bajo la presidencia de la ministra Norma Piña Hernández.


Cabe señalar que no se pueden hacer modificaciones a las leyes electorales 90 días antes de iniciar los procesos electorales. Por tanto, la SCJN deberá resolver con carácter prioritario las controversias interpuestas.


En este contexto, la prioridad debe ser garantizar la certeza y legalidad del proceso electoral del 2024, para evitar un conflicto postelectoral mayor o una crisis constitucional o de gobernabilidad en el segundo semestre del próximo año.

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