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Gobierno de EE.UU. demanda a Adobe por prácticas engañosas en sus suscripciones

El Gobierno de Estados Unidos ha presentado una demanda contra Adobe, acusando a la compañía de perjudicar a los consumidores al ocultar tarifas elevadas de cancelación en sus planes de suscripción y dificultar el proceso de anulación. La Comisión Federal de Comercio (FTC) interpuso la demanda en el tribunal federal de San José, California. 

De acuerdo con la FTC, Adobe oculta las tarifas de cancelación en letra pequeña, que en algunos casos pueden llegar a cientos de dólares. Estas tarifas, correspondientes al plan "anual pagado mensualmente", se encuentran ocultas detrás de cuadros de texto e hipervínculos. La denuncia indica que Adobe calcula estas tarifas como el 50% de los pagos restantes cuando los consumidores deciden cancelar durante el primer año de suscripción. 


La FTC también señala que Adobe complica el proceso de cancelación en línea, obligando a los usuarios a navegar a través de numerosas páginas. Aquellos que optan por cancelar por teléfono a menudo enfrentan desconexiones y deben repetir su solicitud a varios representantes, quienes además muestran resistencia y demoran el proceso. 


Los ejecutivos de Adobe, David Wadhwani y Maninder Sawhney, también están incluidos en la demanda. Samuel Levine, director de la oficina de protección al consumidor de la FTC, declaró que "Adobe atrapó a los clientes en suscripciones de un año mediante tarifas ocultas por cancelación anticipada y numerosos obstáculos de cancelación". 


Adobe, cuya sede se encuentra en San José, no ha respondido de inmediato a las solicitudes de comentarios. En diciembre pasado, la empresa afirmó que estaba cooperando con la investigación de la FTC sobre sus modelos de suscripción. Las suscripciones representaron el 95% de los 5,180 millones de dólares de ingresos de Adobe en el trimestre que finalizó el 1 de marzo, lo que equivale a 4,920 millones de dólares. 


La FTC acusa a Adobe de violar la Ley de Restauración de la Confianza de los Compradores en Línea, una ley federal de 2010 que prohíbe a los comerciantes imponer cargos, incluyendo renovaciones automáticas de suscripciones, a menos que revelen claramente los términos y obtengan el consentimiento informado de los consumidores. La demanda busca sanciones civiles, una orden judicial contra futuras irregularidades y otras soluciones. 

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