El Parlamento Europeo ha dado un paso fundamental en favor de los derechos de los consumidores al aprobar una directiva que obliga a los fabricantes de dispositivos tecnológicos a ofrecer servicios de reparación incluso después de que la garantÃa haya expirado. Esta medida, que se aplica a una amplia gama de productos, desde teléfonos móviles hasta electrodomésticos como lavadoras, marca un avance importante en el ámbito del derecho a la reparación.Â
El concepto de derecho a reparar ha estado en discusión desde el año 2022 y se refiere a la capacidad de los consumidores para reparar los productos que adquieren, ya sea por sà mismos, a través de servicios de reparación externos o directamente con los fabricantes. La nueva directiva de la Unión Europea establece directrices claras sobre cómo las empresas deben abordar las reparaciones de artÃculos dañados, tanto durante como después del perÃodo de garantÃa.Â
De acuerdo con las disposiciones de la UE, si un dispositivo sufre daños mientras aún está bajo garantÃa legal, el vendedor debe informar al consumidor sobre su derecho a elegir entre una reparación o un reemplazo. En caso de optar por la reparación, la garantÃa se extenderá automáticamente por doce meses adicionales, aunque los estados miembros tienen la opción de considerar extensiones futuras para reparaciones posteriores.Â
Para dispositivos fuera del perÃodo de garantÃa, los fabricantes continúan siendo responsables de ofrecer reparaciones a precios accesibles, eficientes y oportunas, y deben informar a los consumidores sobre su derecho a este servicio. La directiva también prohÃbe el uso de piezas usadas o impresas en 3D en las reparaciones, asà como el rechazo de reparaciones por motivos económicos o intervenciones anteriores de terceros en el producto.Â
Además, los usuarios tienen la opción de solicitar un dispositivo de reemplazo temporal mientras el suyo está en reparación, según las nuevas disposiciones de la UE.Â
La entrada en vigor de esta normativa está sujeta a la ratificación por parte del Consejo de la Unión Europea y su publicación en el Diario Oficial de la UE. Una vez completado este proceso, los estados miembros tendrán dos años para integrar estas medidas en sus legislaciones nacionales.Â
Este avance en favor del derecho a reparar no solo beneficia a los consumidores, sino que también tiene importantes implicaciones ambientales al fomentar la reducción de desechos electrónicos y promover una economÃa más circular. Alargar la vida útil de los dispositivos mediante reparaciones contribuye a la mitigación del cambio climático al reducir las emisiones de CO2 asociadas con la producción y transporte de nuevos dispositivos. Además, estimula la creación de empleos en el sector de reparaciones y promueve prácticas de consumo más sostenibles y responsables.Â