En México, existen 29.3 millones de niñas, niños y adolescentes, entre los 5 y 17 años, lo que representa el 23.4 por ciento de la población; de ellos, 2.61 millones tienen alguna discapacidad, es decir, 6.8 por ciento, de acuerdo con el último censo de población.
Si bien es cierto que hay avances en las materias civil, penal y familiar con ajustes razonables, la Ley General para la Inclusión de Personas con Discapacidad, delega al sector salud la atención médica; pero la seguridad social no sólo comprende rehabilitación y medicamentos, sino también dar seguimiento.
Según Juana Fuentes Velázquez, Jueza de Distrito del Consejo de la Judicatura Federal (CJF): “desafortunadamente en la Ley del Seguro Social, la condición que pone para otorgar ese servicio de seguridad social la condiciona al estatus de asegurado, por lo tanto, en el momento en que papá o mamá dejan de ser trabajadores incorporados al IMSS, en ese momento cesa el derecho al seguro social”.
Especialistas coincidieron en que es necesario abandonar el modelo médico asistencialista, que considera a las personas con discapacidad como objetos que deben ser protegidos, prevaleciendo la discriminación y los prejuicios sociales, que impiden atender a este sector de la población de acuerdo con sus condiciones y necesidades.
Por su parte, Mariana Díaz Figueroa, abogada de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), “el problema no está en las personas, justamente la discapacidad y entonces el problema en donde tendríamos que poner atención, son en las barreras que establece la sociedad y que no contempla la gran diversidad de personas que existen”.