Redacción Marlone **
En medio de una compleja situación polÃtica, el gobernador de Nuevo León, Samuel GarcÃa Sepúlveda, anunció la designación de Javier Navarro Velasco como gobernador interino durante su licencia para la precampaña presidencial. Esta decisión ha provocado un intenso debate polÃtico y legal en el estado.
El nombramiento de Navarro Velasco, actual Secretario General de Gobierno, fue publicado en el Periódico Oficial del Estado, y se prevé que asuma el cargo del 20 de noviembre al 18 de diciembre. Sin embargo, la decisión de GarcÃa Sepúlveda busca evitar que, a partir del 2 de diciembre de 2023 y hasta el 2 de junio de 2024, un gobernador interino propuesto por el Congreso local, potencialmente perteneciente a los partidos PAN o PRI, asuma el puesto.
Navarro Velasco ha advertido que, de ser necesario, se desplegarán elementos de la policÃa estatal Fuerza Civil para asegurar su posición, lo cual ha generado crÃticas y preocupaciones por parte de lÃderes polÃticos y ciudadanos. Morena y otros ciudadanos han calificado esta posible acción como inaceptable y una aberración, argumentando que el uso de la fuerza pública para imponer una voluntad polÃtica es contrario a los principios democráticos.
La Constitución de Nuevo León establece que, en caso de una licencia del gobernador por más de 30 dÃas, el Congreso del estado tiene la facultad exclusiva de nombrar un gobernador interino. Las recientes sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación han reafirmado esta prerrogativa del Congreso, dejando en claro que GarcÃa Sepúlveda no tiene potestad para imponer condiciones en este proceso.
La polémica se intensifica mientras GarcÃa Sepúlveda inicia su precampaña presidencial, dejando un vacÃo en la gobernabilidad de Nuevo León. LÃderes locales, incluido el diputado local de Morena, Waldo Fernández, y ex funcionarios como Tatiana Clouthier, han expresado su preocupación por la legalidad y las consecuencias de las decisiones del gobernador.
Esta situación plantea serios desafÃos para la gobernabilidad y el orden en Nuevo León, una entidad que ya enfrenta retos significativos en términos polÃticos y sociales