Para Su Información
Gustavo Lomelín C.
Si bien la crisis migratoria es un fenómeno mundial que agobia a muchos países del planeta. En México, el Instituto Nacional de Migración (INM), dependiente de la Secretaría de Gobernación, demostró ya su nivel de incompetencia e irresponsabilidad por decir lo menos.
Las recurrentes fallas en el INM estallaron el 27 de marzo con la muerte de 40 migrantes calcinados en una celda en Ciudad Juárez, Chihuahua. Por esa razón la Fiscalía General de la República (FGR) inició ya un procedimiento penal contra el director del INM, Francisco Garduño Yáñez, por haber sido omiso en garantizar las condiciones de seguridad en la estación migratoria de Ciudad Juárez.
Garduño y otros mandos del INM son responsables por no cumplir con sus obligaciones de vigilar, proteger y dar seguridad a las personas e instalaciones a su cargo.
Aunque Garduño y los funcionarios del Instituto son los responsables directos, el manejo político de la cabeza del sector fue un pésimo manejo de crisis y control de daños. Adán Augusto López, secretario de Gobernación, quiso crear una cortina de humo, evadir su responsabilidad y culpar a la Secretaría de Relaciones Exteriores de la política migratoria. Todo mundo sabe que la operación recae en el INM donde por un lado las fallas administrativas son evidentes y por otro, las mafias de corrupción controlan el tráfico de migrantes en un negocio calculado conservadoramente en 15 millones de dólares mensuales. En algunos casos vinculados con el crimen organizado.
La crisis migratoria no es nueva, viene de administraciones pasadas; pero en este sexenio se han exacerbado con casos graves en Chiapas, Veracruz, Tamaulipas, Tenosique, Tabasco y más recientemente en Matehuala, San Luis Potosí. Incluso la Auditoría Superior de la Federación alertó desde el 2018 al INM de problemas de hacinamiento, posible desvío de recursos, personal mal capacitado e ineficiencia en los servicios de seguridad.
El control de daños ha quedado en manos del propio gabinete de seguridad bajo la supervisión del presidente Andrés Manuel López Obrador, con Rosa Icela Rodriguez, secretaria de Seguridad Ciudadana, como vocera del manejo de crisis.
Se intenta sustituir al INM por una Coordinación Nacional de Asuntos Migratorios y Extranjería, propuesta por Alejandro Solalinde, y al mismo tiempo la FGR inició proceso penal contra Garduño por el delito de ejercicio indebido del servicio público, sancionado con 1 a 3 años de prisión. Lo conducente sería separar del cargo a Garduño para no entorpecer las investigaciones y el proceso judicial en marcha, pero al politizarse el tema y en el contexto de la sucesión presidencial, las decisiones se toman directamente desde Palacio Nacional. Sin embargo, Adán Augusto López declaró que su subalterno Garduño seguirá en el INM hasta que la FGR concluya la investigación. ¿Así o más claras las responsabilidades?
“No sabemos todavía el alcance, cuál es la acusación en contra de él…vamos a esperar y vamos a tomar las decisiones en su momento”, dijo López Obrador después de reiterar que no habrá impunidad para nadie.
Veremos el desenlace para Garduño en el campo judicial y para Adan Augusto en el terreno político.