Con voluntad, conciencia y diálogo se resuelven las discrepancias


Por: Fernando Silva


La frenética evolución humana influye directa e indirectamente en todos, transformando los escenarios y las conductas personales, familiares, sociales, laborales, políticas, económicas, ecológicas e intensificando la interrelación —incluso virtual— pero ¿es para vincularnos con respeto o alcanzar una mejor calidad de vida? Lo contundente es que permanecen con patética intensidad las infinitas manifestaciones de violencia, rudeza verbal, injusticias, abusos, destrucción del medio ambiente, discriminación, sórdidos entornos financieros e industriales cargados de negativos vicios éticos y morales… llegando a una condición de aleatoriedad axiológica; por lo que gente de diversos grupos sociales y razonables adscripciones ideológicas, hacemos constar por múltiples vías un sinnúmero de peticiones, exponiendo hechos y fundamentos de derecho aplicables para dar paso a favorables pronunciamientos políticos-legales en bien de todo ser viviente, de los ecosistemas y del planeta Tierra.


De ahí que las justas manifestaciones individuales y/o sociales han sido importantes impulsores para defender los derechos establecidos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Por ejemplo, en el mencionado pacto, Artículo 27 «Todas las personas son iguales ante la Ley y tienen derecho sin discriminación a igual protección de la Ley. A este respecto, la Ley prohibirá toda discriminación y garantizará a todas las personas protección igual y efectiva contra cualquier discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social» en consecuencia, buena cantidad de organizados e informados movimientos han suscitado la caída de dictaduras, el fin de la esclavitud y del Apartheid, la reparación de daños a víctimas de guerra, la defensa y derechos de las especies animales y vegetales, entre otros muchos logros.


En ese sentido, tener presente que el derecho de manifestación pública no es absoluto, por lo que hay que observar sus contenciones, ya que en el ejercicio de este conjunto de principios y normas, expresivos de una idea de justicia y de orden que regulan las relaciones humanas en toda sociedad y cuya observancia puede ser impuesta de manera coactiva, debe realizarse en armonía con la convivencia en sociedad. Entonces, y en respeto a todos —incluyendo a quienes nos manifestamos por causas justas— ese derecho a expresar generalmente con vehemencia las disconformidades, puede y debe promover la conciencia sin perturbar al resto de la sociedad civil, anteponiendo los dictados de la ética.


Así, buena parte de la gente ha sido testigo de cómo en todas las regiones del mundo, millones de seres humanos hemos levantado la voz con dignidad para expresar disensión con el régimen político-social impuesto por quienes tienen, principalmente, las riendas de las economías, para exigir imperiosamente el cumplimiento de los derechos civiles, culturales y humanos, ya que indudablemente estamos hartos de cómo esas miserables «cúpulas en el poder» no permiten el hacer valer lo que en el libre ejercicio del derecho se requiere para establecer la justicia, la conciencia social, la libertad de expresión, el estado de derecho, el respeto y la tan ansiada paz mundial. En concreto ¿Hasta qué punto se puede evitar que cuando existe una organización de amplias dimensiones se forme una elitista y corrosiva supremacía en su vértice? ¿Existen diferencias específicas entre las leyes que regulan las tendencias oligárquicas y democráticas en el sistema social general por una parte, y en el sistema político por otra? Por último y no menos importante: ¿Por qué hay en los gobiernos poderes fácticos, particularmente, en los sistemas políticos en los cuales la soberanía reside en la ciudadanía?


Toda sociedad que se muestra de acuerdo respetando la libertad y los principios que reconocen la equiparación de todos los ciudadanos en derechos y obligaciones ante la Ley, es crucial para garantizar la democracia. Su generoso atributo —de ser un agente de predominio— permite articular el bienestar general y poner límites a las arbitrariedades. En esa dirección, las sociedades contamos con varios tipos de virtudes, como el conocimiento y la conciencia, que pueden definir el futuro de los países en bien de la asistencia pública y de los poderes institucionales de los gobiernos, así como poner fin a corporaciones eclesiásticas ávidas de influir en decisiones políticas, grupos empresariales e industriales que no aceptan las regulaciones gubernamentales en bien de todos y medios de comunicación cuyos propietarios acaparan el espacio público, por mencionar tan sólo a algunos, a la par de otros tipos de poderes fácticos, sean estos legales o ilegales aquí no especificados, que dañan el sano desarrollo de mujeres y hombres, así como los valores que dignifican a todo ser viviente.


Sin duda alguna, los poderes fácticos gestionan autoridad a las instituciones públicas —en muchos casos haciéndose valer del cohecho— cuando no funcionan de acuerdo a sus intereses, y su definición los comprende a todos, ya que surgen más allá de las concepciones teóricas y aún más las desbordan; se imponen por la fuerza ante la legitimidad de las leyes, mismas que intentan modelar —cueste lo que cueste— en favor de su codicioso provecho, a la vez de que se despliegan como estructuras de una impronta conservadora, partidaria del Liberalismo de Gaetano Mosca y del Fascismo de Vilfredo Pareto. Asimismo, debilitan y en ocasiones anulan la capacidad de las naciones para garantizar la seguridad social, en especial, en los países a los que les imponen bloqueos y embargos, así como, en eterna condición de «En vías de desarrollo». Por ende, los principios que en atención a ese interés social que salvaguarda a todos, se requiere el poder de las sociedades para que se haga justica a partir de los derechos humanos, lo que seguramente les resulta algo más que incómodo a esos desquiciados y envanecidos mortales que insisten, además, en su mentado «Nuevo Orden Mundial».


Por consiguiente, podría decirse que para dialogar sobre una teoría de la conciliación social, debemos considerar como mínimo la importancia del entendimiento directo entre individuos, reconocer y respetar a nuestro prójimo, asumir responsabilidad sobre las discrepancias —por cada una de las partes involucradas— y generar con inteligencia y conciencia las alternativas de resolución o de transformación con el apoyo de un proceso que facilite el entendimiento en pro del bien común y los derechos universales.