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Acciones concretas para Guerrero




Según datos oficiales, nada más en Acapulco, hay por más de 273,000 casas habitación dañadas. Esto quiere decir que un porcentaje muy cercano al 100% de casas presentaron algún tipo de daño, en mayor o menor medida, algunas de las cuales requerirán volverse a construir, otras más necesitan una remodelación a fondo y muy pocas, tienen daños menores como vidrios rotos nada más.


Si se realiza una estimación conservadora del costo de las reparaciones que se requieren para esas 273,000 casas habitación y ponderamos un promedio por casa en el orden de 750,000, la cantidad para dejar funcionales y habitables esas casas, es del orden de los doscientos cuatro mil setecientos cincuenta millones de pesos, por supuesto, al considerar que un porcentaje muy cercano al 100 por ciento de quienes habitan en dicho puerto, no cuentan con seguros contratados previamente que incluyan la reparación por daños catastróficos que incluyan los costos asociados.


Esto sin considerar que para lograr reparar o reconstruir algunos de esos miles de inmuebles, se requieren albergues temporales que hasta el momento no están previstos para cientos de miles de personas que perdieron su techo.


A esto hay que agregarle, el costo de enseres domésticos, mobiliario, ropa, zapatos, en fin, todo lo que un huracán de esta magnitud se lleva de paso y destruye.


De un momento a otro, miles de familias, perdieron todo, inclusive su trabajo, porque como se ha dicho, cientos de personas tienen un ingreso con motivo de actividades turísticas que, en este momento, están suspendidas, porque esa misma destrucción como se ha visto, llegó a los más de 600 hoteles, al sector restaurantero, en fin, una tragedia en toda la extensión de la palabra.


Es de llamar la atención, la “Declaratoria de Emergencia (Acuerdo por el que se establece una situación de emergencia) por la ocurrencia de lluvia severa y vientos fuertes el día 24 de octubre de 2023 para el Estado de Guerrero”, publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado 30 de octubre publicada por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en la cual no se establece la declaratoria a partir de la realización de un Huracán categoría 5 como lo fue Otis y establece textualmente en su artículo primero:


“Se emite una Declaratoria de Emergencia (Acuerdo por el que se establece una Situación de Emergencia) por la ocurrencia de lluvia severa y vientos fuertes el día 24 de octubre de 2023 para el estado de Guerrero.”, lo cual se complementa con otra publicación en el Diario Oficial de la Federación del pasado 2 de noviembre que declara por lluvia severa, vientos fuertes, inundación fluvial y pluvial como Desastre Natural 47 municipios del Estado de Guerrero.

Entonces, a la cifra señalada como monto estimado para reparar tan sólo casas habitación en el municipio de Acapulco, hay que sumarle algunos miles de millones adicionales por la reconstrucción de viviendas que con seguridad presentaron daños que, hasta el momento, las autoridades no tienen censadas y en consecuencia, calculadas para su reparación.


La crisis que se observa no tan solo atiende a la precaria condición en que se encuentran miles de compatriotas luchando por su supervivencia, buscando un techo que les permita vivir con decoro, por supuesto al cuidado extremo para evitar enfermedades que derivan de las condiciones que dejó Otis a su paso. También resulta evidente una clara muestra de falta de capacidad de las autoridades para atender una desgracia natural de este tipo, tanto de manera preventiva, como correctiva que sea capaz de reparar el tamaño del problema.


La realidad supera a cualquier discurso matutino, una realidad que algunos alineados al Gobierno refieren como un “problema” casi resuelto, como el restablecimiento de energía eléctrica, los suministros básicos como agua potable, limpieza de calles, retiro de escombros y que resulta claro, han sido incapaces y hasta indolentes para darle celeridad a los problemas que se enfrentan en el lugar.


Falta evaluar el daño y los recursos que se requieren para echar a andar el sector hotelero, restaurantero, turístico en general, porque las pérdidas son multimillonarias y con seguridad hay empresarios que perdieron su patrimonio, de los cuales, por supuesto se habla poco, pero que generaban cientos o miles de empleos. Así como clínicas, hospitales, escuelas, infraestructura carretera, comunicaciones, en fin, servicios públicos en general se encuentran pendientes de restablecimiento.


Todo lo anterior se agrava con la presencia del crimen organizado en las calles no tan sólo del puerto de Acapulco, sino de varios municipios del Estado de Guerrero, aunque sea un tema que no se quiera reconocer por parte de las autoridades.


Debemos mostrar empatía con la familia guerrerense y no me refiero a discursos o comentarios aislados, sino a acciones concretas para ayudar, dimensionar el problema y actuar en consecuencia. Las autoridades federales, estatales y municipales han mostrado incompetencia y torpeza, pero ese tema nos toca resolverlo en las urnas el próximo año.

Antonio Horacio Gamboa Chabbán

Maestro en Derecho Político y Administración Pública

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